Democracia es más que poder votar

¿Es Colombia una democracia? Tal vez no. Es sólo una democracia procedimental, lejana de la consolidación y expresión de un real sistema democrático.

Por:Germán Ayala Osorio

Vivir en democracia quizá sea uno de los retos económicos, sociales, culturales y por supuesto, políticos, más grandes que tienen hoy la sociedad y el Estado colombianos. Y es así en la medida en que a pesar de la compleja condición humana, la democracia debería servir para desechar cualquier intento de revivir regímenes autoritarios, despóticos o dictaduras, que de alguna manera confirman que de esa condición humana es posible esperar lo más sublime, pero también lo más degradante y execrable.

En la democracia no sólo se define quién decide o cómo se decide, sino que es importante preguntarse qué se decide y para qué. La democracia no puede reducirse a un asunto procedimental y menos aún a las maneras aceptadas para que un evento electoral discurra en condiciones normales.

En Colombia tenemos una democracia electoral, pero estamos lejos aún de consolidar un sistema democrático que sea amplio en el ámbito social (respeto al pensamiento divergente), cultural (reconocimiento de la diferencia), político (participación y discusión amplia de asuntos públicos) y económico (posibilidades de una vida digna para todos).

Una democracia entendida desde lo procedimental, desde las circunstancias regladas, deja por fuera la acción constitucional y con ello, se pierde la posibilidad de controlar el poder del Estado, e inclusive, en el contexto de un régimen presidencialista, el poder de un mandatario que puede originar prácticas de gobierno no democráticas.

Colombia necesita avanzar institucionalmente en mecanismos jurídicos y políticos que, por ejemplo, permitan controlar a un Presidente que socave en forma deliberada el equilibrio de poderes, connatural a la democracia, y erosione los objetivos que debe alcanzar el Estado social de derecho.

Eso fue lo que se vivió en los dos períodos de Uribe Vélez, quien redujo el Estado, la democracia y el derecho al arbitrio de sus decisiones.

Ahora, es también importante sustentar la democracia en un proceso de cambio cultural que asegure prácticas y principios básicos para vivir dentro de ese sistema. Sería el caso del reconocimiento real de las diferencias, que se explica en la existencia de seres humanos que piensan distinto y que se oponen a discursos aparentemente consensuados.

De igual forma, es clave para democracia asegurar condiciones de vida dignas que les permitan a las mayorías discernir en torno a asuntos públicos que requieren capacidad cognitiva. Esta última se logra cuando el Estado asegura la calidad de la educación a través de procesos de inclusión.

En Colombia el ejercicio político de la democracia no se apoya en el espíritu de la Constitución, que busca lograr el bienestar general. Y ello ocurre porque de tiempo atrás la acción estatal se ha encaminado hacia la consolidación de sectores poderosos, externos e internos, que históricamente no han permitido profundizar en el logro de un sistema que garantice los derechos, las libertades y las condiciones legítimas de una vida digna para las mayorías, asociados con un territorio, una nación y un Estado social de derecho.

Sobra decir que dichos sectores muestran un carácter pre−capitalista y feudal que les impide ampliar sus horizontes económicos basados sobre las deprimentes condiciones de consumo de la sociedad en la que se desenvuelven.

Vivir en democracia obliga a pensar en la Constitución que le da vida al régimen democrático. De manera natural entre ambos espacios se generan tensiones, por cuanto la Constitución se ha pensando teleológicamente para garantizar derechos y libertades y el régimen democrático, teleológicamente también, para profundizarlas y desarrollarlas haciéndolas efectivas dentro de los distintos escenarios humanos.

Cuando la democracia no logra traducir esos objetivos en realidades fácticas, no sólo falla el régimen político: también lo hace la sociedad, que muestra su incapacidad para exigir al Estado la ampliación de esos derechos y libertades.

El Estado debe garantizar que lo expresado en la Carta Política se cumpla de manera precisa, buscando para sí ampliar la legitimidad necesaria para hacerse viable y creíble, de forma tal que logre entronizar una democracia real y profunda en la vida ciudadana. Su propósito debe ser el de convertirse en el único régimen político deseable dentro de los imaginarios individuales y colectivos.

Un régimen político democrático que transcurra al margen de los derechos humanos, de su cumplimento, y de su extensión, no puede llamarse democrático. Será siempre un simple remedo de democracia.

La violación constante de los derechos humanos en Colombia por parte de cualquiera de los actores que participan en el conflicto (guerrillas, particulares, paramilitares y el propio Estado), ha ido configurando un tipo de democracia soportada en el miedo, que le señala al ciudadano un camino menos azaroso que el que le ofrece un normal interés por la política: el de tomar distancia respecto de procesos de participación y comunicación en los asuntos públicos. Hoy en Colombia es un riesgo discutir o proponer un proceso de paz, exigir la libertad de los secuestrados, enarbolar banderas sindicales e inclusive, criticar a quienes ejercen el poder.

El espíritu y la conciencia democráticos son tan pobres entre los colombianos, que terminamos por agradecer al Estado o al mandatario de turno el hecho de que cumplan con su deber. Cuando un gobierno nos asegura la posibilidad de viajar por las carreteras no nos está haciendo un favor. Por el contrario, sólo estará cumpliendo con su deber. A su turno, el deber de los ciudadanos es el de reconocer ese derecho y saberlo exigir.

La existencia de un espíritu democrático exige superar el talante de súbditos que subsiste en muchos ciudadanos. Las expresiones de agradecimiento hacia Uribe Vélez por haberle devuelto a unos pocos la posibilidad de regresar a sus fincas son una demostración de esa forma de entender el gobierno y la política. Es ahí donde debería trabajar a fondo el gobierno de Santos. Se requiere borrar de los imaginarios colectivos e individuales el ánimo o visión feudataria que aún persiste en algunas de nuestras élites y en extensos grupos humanos.

De igual manera, un régimen democrático que no avance en la necesidad de limitar el poder del Estado, o de los sectores sociales, económicos y políticos tradicionalmente opuestos a la profundización de la democracia, será un simple y fugaz holograma.

La Constitución debe servir para limitar el poder del Estado y del mandatario que ponga en marcha procesos involutivos en el equilibrio de poderes, el aseguramiento social y la ampliación de la legitimidad estatal. En Colombia hemos asistido durante largos periodos a la construcción de una fantasía democrática diseñada para mantener condiciones históricas de iniquidad e inequidad, con la que se asegura únicamente el ejercicio interesado de ciertos sectores poderosos, especialmente en lo político y en lo económico, que hoy buscan asegurar la continuidad de un modelo antidemocrático. Les vendría bien a las élites y al presidente Santos leer la propuesta de democracia radical de Chantal Mouffe.

La democracia radical –dice Mouffe− “…exige que reconozcamos las diferencias: lo particular, lo múltiple, lo heterogéneo, y, en efecto, todo aquello que ha sido excluido del concepto de hombre en abstracto. El universalismo no se rechaza, antes bien, se particulariza; y surge la necesidad de una articulación nueva entre lo universal y lo particular… Si la tarea de la democracia radical es realmente la profundización en la revolución democrática y la vinculación de diversas luchas democráticas, una tarea de esa índole requiere que se creen nuevas posiciones del sujeto que permitan una articulación común de, pongamos por caso, el antirracismo, el antisexismo y el anticapitalismo. Puesto que estas luchas no convergen espontáneamente, para establecer equivalencias democráticas se requiere un nuevo ‘sentido común’ que permita transformar la identidad de los diferentes grupos de manera que sus reivindicaciones puedan articularse entre sí de acuerdo con el principio de la equivalencia democrática. El proyecto de una democracia radical y plural, por el contrario, precisa de la existencia de la multiplicidad, de la pluralidad y del conflicto, en los que ve la razón de ser de la política”[1].

Nos falta mucho para profundizar la democracia en nuestra acción cotidiana, en los espacios de trabajo y en los encuentros sociales. La democracia es un reto humano que indica que hemos avanzado lentamente por los riesgos que conlleva aceptar que el Otro puede tener razón o que tiene el derecho a pensar distinto.

Nota de pie de página

[1] MOUFFE, Chantal. La Democracia radical, ¿Moderna o posmoderna?. Las Incertidumbres de la Democracia. Compilador Pedro Santana R. Bogotá: Ediciones Foro Nacional por Colombia, 1995. páginas 287-303.

Tomado de: Razon Publica